Desde hace más de diez años, la seguridad y el combate a la violencia han sido una constante en la agenda pública de México. Actualmente, el país enfrenta una ola de crímenes violentos y, si no se toman las medidas necesarias, 2019 podría pasar a la historia como el año más sangriento del que se tenga registro en cifras oficiales.
Mucho se habla de los cambios óptimos en la organización de las policías o del sistema de justicia en el país; no obstante, se dice poco del papel activo que puede tener la ciudadanía para contribuir a reparar el profundo daño social sufrido en los últimos tiempos.
Países de renta alta —como Reino Unido, Francia o Dinamarca— han hecho transformaciones de sus modelos de gestión pública hacia esquemas de Gobernanza Digital, donde las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se aprovechan para tener soluciones conjuntas entre gobierno y sociedad en la búsqueda de diseños más precisos de política pública.
Dichas medidas son de suma relevancia si se toma en cuenta la expansión del uso de las TIC en los últimos 25 años. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México 81 millones de personas cuentan con celular y el 75% de ellos tiene un teléfono inteligente. Por otro lado, cerca de la mitad de la población del país tiene conexión a internet.
TIC contra violencia
Las tecnologías pueden aprovecharse para procesar datos masivos que permitan tener mejores pronósticos sobre el fenómeno del crimen y, a su vez, pueden contribuir a generar canales de comunicación con la ciudadanía de manera muy amplia, ya sea para denunciar un delito, contribuir como sociedad civil organizada en la comprensión del fenómeno del crimen violento o, incluso, formular estrategias de seguridad.
Ciudades como Chicago, Los Ángeles y Londres cuentan con sistemas robustos de estadísticas georreferenciadas sobre seguridad, en formato abierto y con actualizaciones constantes que tanto el gobierno como la ciudadanía pueden aprovechar para tomar decisiones.
Ejemplos exitosos de estas acciones también pueden encontrarse en el Instituto Igarapé de Brasil, laboratorio de ideas privado que se especializa en el estudio del crimen y la violencia. Dentro de su catálogo de productos destaca CrimeRadar, una plataforma desarrollada para Río de Janeiro que pone a disposición de los ciudadanos un mapa con la probabilidad de incidencia de crímenes al interior de cuadrantes de 500 metros cuadrados.
El mapa se construye con la aplicación de técnicas de aprendizaje automático y datos masivos de la policía estatal, se actualiza constantemente y se distingue por ser accesible y fácil de interpretar para el grueso de la ciudadanía que cuenta con una conexión a internet.
Tareas inmediatas en México
En enero del presente año se tuvo un avance importante en materia de disponibilidad de información mediante el lanzamiento del Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, un sitio electrónico donde el gobierno capitalino pone a disposición del público datos masivos sobre crimen, medio ambiente, movilidad, conectividad y finanzas, entre otros.
Desde su aparición, diversos actores de la sociedad civil han usado estos insumos para generar análisis robustos y posicionarse en los problemas más trascendentes de la ciudad. No obstante, todavía es mucho lo que falta por hacer en el país, ya que el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México es único en su especie entre las administraciones públicas estatales.
A finales de 2018, Data Lab Mx y el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Universidad Iberoamericana publicaron el Índice de Gobernanza Digital Estatal, donde son evidentes las carencias en materia de seguridad: entidades con repuntes de crímenes violentos en los últimos años como Tlaxcala, Nayarit, Veracruz, Morelos, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas e Hidalgo están dentro del grupo de las peor calificadas.
Por ejemplo, mientras que Tlaxcala resalta por carecer de un portal electrónico sobre seguridad, Nayarit, aunque cuenta con uno, no dispone de Datos Abiertos, trámites en línea ni canales de participación ciudadana; el resto de las entidades mencionadas tienen en común la ausencia de disponibilidad de estadísticas sobre seguridad en sus portales.
Así pues, el panorama luce poco alentador. La opacidad y displicencia de la mayoría de los gobiernos locales aleja al ciudadano común de los mapas interactivos con pronósticos de incidencia delictiva y de las aplicaciones móviles para hacer denuncias, y excluye a los expertos de la discusión profunda en términos de presupuesto asignado, determinantes del crimen, políticas de prevención, atención a víctimas, impartición de justicia y reinserción de infractores, por mencionar algunos temas fundamentales. Los gobiernos locales no parecen estar a la altura del progreso tecnológico al que algunos sectores de la sociedad ya tienen acceso.
En conclusión, en la agenda de Gobernanza Digital para el combate a la inseguridad se vislumbran dos tareas inmediatas:
1. La exigencia de la sociedad civil organizada a fin de que todos los niveles de gobierno tengan recursos para la publicación de datos masivos y la continuidad en el aprovechamiento de la información ya disponible.
2. El restablecimiento de nuestra paz pública, posible sólo en la medida en que las estrategias que se emprendan sean las más incluyentes e informadas.
