Hace unos días el equipo con el que colaboro sufrió una fuerte derrota. Como algunos sabrán los últimos meses hemos impulsado desde el Congreso la iniciativa para crear la Ley para la Soberanía Tecnológica y el Desarrollo Científico del Estado de Jalisco, e impulsada por los Diputados Alejandro Hermosillo, Pedro Kumamoto y Augusto Valencia los medios se enfocaron en el tema del uso de software libre en la administración pública, que si bien es parte, no es ni por mucho el sentido último de la iniciativa. Quienes sí se dieron cuenta del fondo del asunto fueron los lobbys de las industrias creativas y las cúpulas de las universidades ¿por qué se interesaron? Porque proponemos que todo aquel conocimiento que sea financiado con dinero público debe tener un retorno social en forma de conocimiento público. Hoy con el dinero de todos se pagan investigaciones y desarrollos tecnológicos para generar negocios particulares ¿a cambio de qué? De nada, o en todo caso, de la promesa del “desarrollo” de “empleos” y de“bienestar” que en términos reales puede o no suceder, en pocas palabras regalamos dinero público sin esperar nada a cambio. Por eso proponíamos que si generas conocimiento financiado por todos, lo menos que puedes hacer es que ese conocimiento esté al alcance de todos.
La presión llegó inicialmente por el lado del PRI, en la voz del Diputado Oswaldo Bañales, quién aseguró que el software libre era piratería. Posteriormente realizó una mesa de análisis en la que queríamos participar, pero se nos negó la voz. Aún así seguíamos insistentes.
Esto cambió hace unos días, cuando se me convocó a una reunión con un inversionista de la ciudad, quien, de manera educada, me expuso las cosas que veía bien y las que veía mal en la iniciativa. Claro, el punto en el que no coincidíamos era en el libre acceso al conocimiento. Él afirmaba que la ley desincentivaría la innovación, yo argumentaba lo contrario (diversos estudios como los de María Mazzucato confirman que los ecositemas de conocimientos abiertos generan mayor desarrollo en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la cultura, incluso organizaciones como la OCDE, lo afirman). Al no llegar a un punto de acuerdo terminaron por sincerarse: el problema con la iniciativa es que asumimos, como según se ha dicho, que el 70% de las inversiones en la materia provienen de fondos públicos, lo cual de acuerdo a los inversionistas es falso. Si bien se destinan fondos, una parte importante del desarrollo proviene del capital privado, que además es impulsado por otros fondos que provienen de la federación. Aquí es donde me dí cuenta que hay problema de correlación de fuerzas, en un escenario en el que el Estado mantuviera la rectoría de las políticas en ciencia y tecnología mediante la inversión pública, la iniciativa tendría éxito, sin embargo si impulsamos una política redistributiva del conocimiento financiado públicamente en el escenario actual fracasaríamos ¿por qué? Por que la ciencia y la tecnología están privatizados, porque durante años el dinero que serviría para alentar la investigación se ha destinado a emprendedores, que al final son los menos beneficiados, ya que al no tener el capital para echar a andar sus proyectos, ceden a los grandes capitalistas acciones de sus empresas, altos porcentajes de retorno al capital invertido, y la apropiación de su capital intelectual, en pocas palabras, el financiamiento a emprendedores termina por ser un financiamiento a los capitales de riesgo, y ellos no están dispuestos a ceder nada de lo que desde el gobierno se les ha otorgado. “Es sencillo, si la ley pasa nos llevamos nuestro capital a otro estado, a lo mejor no generamos lo que decimos que generamos pero es lo que hay”. Y es sencillo, nuestra infraestructura científica y tecnológica está secuestrada por unos poquitos intereses a quienes seguimos entregando recursos públicos mientras, por ejemplo, se reduce el financiamiento de las becas del CONACYT. ¿Impulsamos el retorno social de la inversión pública? No podemos, porque de lo contrario peligrarían empleos, que además son precarizados, pero son los que hay, y peligrarían porque el capital es insumiso y altanero cuando de políticas sociales, que no filantrópicas, se trata.
El Sillicon Valley mexicano es una tomada de pelo para privatizar nuestra ciencia. Poco a poco, en lugar de financiar investigaciones que ayuden a combatir nuestros problemas como sociedad, financiamos productos que sirvan para generar ingresos a unos pocos. Me parece de vital importancia discutir y asumir que mientras el Estado siga perdiendo su capacidad para dominar a los poderes financieros, jamás podremos construir una sociedad más equilibrada y justa. En Jalisco la cultura libre es una imposibilidad.
